La Junta dice que se «recualificó· a ex de Santana con fondos UE y replica que no a todos
sevilla-
En septiembre el diputado del Grupo Parlamentario de IULV-CA Juan
Serrano expuso en una pregunta parlamentaria que la Junta había recibido
«una ayuda de 1,9 millones de euros del Fondo de Adaptación a la
Globalización –de la UE– para la recolocación de los ex trabajadores de
la empresa Santana, ubicada en Linares (Jaén)», antes de interrogar al
consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, por las medidas que el
Gobierno andaluz iba a «incentivar» con esos fondos en favor de esos ex
empleados.
A
la contestación del titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
se puede acceder en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) de
ayer. Dice literalmente: «Indicarle que la ayuda al Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (FEAG) se solicitó para financiar las
acciones de recualificación profesional que ya se había impartido a los
ex trabajadores de Santana».
Para
los dos tiene a su vez réplica el secretario ejecutivo de MCA-UGT,
Antonio Montoro, quien apunta a LA RAZÓN que «esas ayudas a las que se
refieren ahora, si explicar nada, se remontan a 2011, con lo que llegan
un poco tarde», desliza.
Su
sindicato mantiene tres grandes frentes abiertos con el Ejecutivo de
Susana Díaz por el «incumplimiento» de acuerdos a los que «se
comprometieron» con trabajadores tras los respectivos cierres
empresariales de Delphi, en Cádiz; Astilleros de Huelva y la mencionada
Santana Motor. En relación a la última, Montoro vuelve a hacer una
distinción de tres, esta vez entre los ex operarios de la
automovilística: los trabajadores del grupo A, los del C y los del B. A
los primeros se les prejubiló y para los del apartado C, conformado por
los ex empleados externos de las empresas auxiliares, «son para los que
se pidieron los fondos FEAG, para darles una formación y que pudieran
reciclarse y volver al mercado laboral, tras llevar años haciendo lo
mismo», sostiene.
Asegura
que esos beneficiarios del dinero para acciones formativas «las
recibieron y ese grupo se liquidó hace años». ¿Y qué pasó con el grupo
B, por el que debería interesarse, a su juicio, en la actualidad el
consejero? «Que los han dejado tirados, con el agravio comparativo que
ello conlleva», lamenta. Cifra el colectivo en unas 90 personas para las
que llevan meses reclamando una «solución definitiva». Un camino que
les ha llevado incluso a demandar a la Junta en los tribunales.
«El
consejero no se entera de que la Junta suscribió unos pactos con tres
plantillas que debe satisfacer, gobierne quien gobierne», lanza, para
añadir: «Y su presidenta ha repetido en numerosas ocasiones que los
acuerdos están para cumplirlos, pero parece que se refiere solo a los
que a ella le vienen bien». «¿A qué le da respuesta Díaz, a sus
intereses o a las problemas que hay en Andalucía?», remata.
En
defensa de lo que creen justo han mantenido reuniones con los grupos
parlamentarios del PP e IU, pero no con el PSOE. ¿La causa? «UGT y otros
representantes sindicales pedimos a los socialistas que se sentaran con
nosotros para abordar este asunto y seguimos esperando». Solicitaron
también una reunión con Díaz y el «feedback» ha vuelto a ser el
silencio.
