jueves, 24 de julio de 2014

MCA-UGT trata de impulsar vía parlamentaria una nueva ley para dar una solución definitiva a extrabajadores recolocables



La federación del metal de UGT en Andalucía inicia una ronda de contactos con grupos parlamentarios para impulsar una ley que dé una solución definitiva a los recolocables de Astilleros Huelva, Santana y Delphi.


Una solución definitiva. Ese es el planteamiento con el que Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, de UGT Andalucía ha iniciado un calendario de reuniones con los partidos políticos para tratar de impulsar, vía parlamentaria, una ley que garantice una salida definitiva a extrabajadores afectados por los incumplimientos parciales de planes industriales por parte de la Administración andaluza. Es el caso de extrabajadores de Astilleros de Huelva, Delphi y Santana Motor pendientes de ser recolocados en otros proyectos industriales impulsados por la Junta.

La mayoría viven casi en la indigencia” ha apuntado el Adjunto a Secretaría General, José M. Rodríguez Saucedo tras la reunión mantenida con el grupo parlamentario de IU-LV-CA. “Desde MCA-UGT estamos agotando todas las vías para no dejar en la estacada a estos trabajadores que, por el devenir económico de los últimos años, no han podido tener ese empleo comprometido por la Junta de Andalucía y recogido en los distintos acuerdos, protocolos o planes industriales que firmaron en su día con los sindicatos, como compensación al cierre de sus empresas”.

Como explica Rodríguez Saucedo “la idea es conseguir una norma que compense con algún tipo de medida, ese incumplimiento de la Junta con este colectivo y se corrija el agravio comparativo entre trabajadores que tuvieron una salida digna o los que no. Además se pondría punto y final a tres importantes conflictos de la comunidad andaluza en los últimos quince años” añadió.

Recordemos que MCA-UGT Andalucía ha iniciado vía contencioso-administrativa el cumplimiento de los tres planes industriales. Hasta la fecha, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la demanda de Delphi por conflicto colectivo, al entender que hay indicios de incumplimiento por inactividad de la Administración competente (en este caso, la Junta de Andalucía). Para este último conflicto, la federación del metal ha defendido,  una vez más, la necesidad de que los terrenos pasen a ser públicos –a través de la Junta o incorporado al proyecto de Las Aletas-  bajo el objetivo de reindustrializar la zona y ofrecer una salida tanto a los trabajadores afectados como al resto de desempleados de la Bahía.

martes, 15 de julio de 2014

EL Ayuntamiento de Puerto Real plantea alegaciones al derribo de Delphi

Cádiz, 15 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado alegaciones en el juzgado de lo mercantil número uno de Cádiz para evitar que los administradores concursales ejecuten el derribo de las instalaciones de la antigua factoría de Delphi.

La institución municipal asegura que "para tan drástica e irreversible decisión, la administración concursal solo plantea que el mantenimiento desde el año 2011 al año 2014 ha supuesto el coste de 2.324.380,08 euros, sin tener en cuenta ninguna solución alternativa, y lo que es peor, sin que se realice un análisis de cual puede ser la incidencia en la liquidación de tal postura".

El consistorio afirma a través de un comunicado que lo que pretenden los administradores concursales es "la destrucción de bienes del activo" que ha de servir para hacer frente a los créditos concursales por un valor de unos 8.150.450 euros, el 55% del valor del inmueble.

En esa línea el Ayuntamiento de Puerto Real considera que la petición de derribo es "claramente insuficiente" y no ahonda en si la medida supondrá una mejora de la situación de la liquidación o si "simplemente será trasladar el problema a un futuro cercano con el perjuicio de que el activo inmobiliario habrá visto mermado su valor en más de un 50% y la posibilidad de realización del mismo será remota por necesitar de una mayor inversión para su puesta en marcha".

El ente municipal entiende que "la medida supondrá pérdida de masa activa" con la que hacer frente a los créditos y ante las ofertas ya recibidas, "merma la posibilidad de conseguir la realización de los bienes", ya que hasta ahora todas las ofertas lo han sido respecto al suelo y edificaciones.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento también aseguran que de llevarse a efecto la solicitud de derribo "los interesados deberán hacer un mayor desembolso" para acometer cualquier actividad, hecho que además dilataría el inicio de cualquier actividad que hiciera interesante a un posible comprador dicho suelo industrial.

En esta misma línea se han expresado anteriormente sindicatos como la UGT quienes acusaban a los administradores concursales de primar "lo económico" por encima del interés "laboral y social" y reclamaban a las administraciones públicas una salida para los más de 450 exempleados que, siete años después del cierre de la factoría de automoción, aún quedan sin recolocar.

sábado, 12 de julio de 2014

MCA UGT Presenta los tramites de la demanda contra la Junta de Andalucía, por el incumplimiento del complemento a las Incapacidades.



MCA UGT ha iniciado los trámites de demanda para cinco compañeros, adheridos aun al protocolo de colaboración de Delphi, los cuales se les fue concedida una IPT (incapacidad permanente total) como todos sabéis estos compañeros tenían que se beneficiarios, según contempla nuestro protocolo de una compensación del 20% de la base reguladora hasta los 55 años, que se le ha concedido con esta incapacidad.


Como ya anunciamos desde MCA UGT es uno más de los incumplimientos, que está cometiendo la Junta de Andalucía en nuestro Protocolo de Colaboración, en la actualidad aun hay en el censo de afectados aproximadamente entre 20-25 afectados, con muchos de los cuales ya nos hemos puesto en contacto para que nos den la documentación para proceder a los trámites correspondientes, los cuales seguiremos presentando en los próximos días.

Todos aquellos afectados que le hayan concedido una Incapacidad (IPT) se pongan en contacto con MCA UGT para proceder también con la demanda.

Como ya hemos comentado en varias ocasiones, nuestro objetivo nunca ha sido la demanda, el objetivo de MCA UGT siempre es y será, la negociación y el consenso para buscar una salida a este conflicto.

El pasado viernes los cuatros sindicatos representantes del colectivo de Delphi (UGT, USO, CCOO, CGT) nos reunimos en el Ayuntamiento de Puerto Real, con la Alcaldesa Maribel Peinado, el concejal Fernando Boy y el asesor jurídico del Ayuntamiento, el motivo era comunicar a los representantes del colectivo de las alegaciones que ha presentado este ayuntamiento, en contra del derribo de las naves de la factoría de Delphi.

Estas alegaciones están basadas en las incongruencias que presentan los administradores concursales para salvaguardar los intereses de los acreedores, además del desastre social, para la creación de empleo a medio plazo.

Por lo que una vez informados hemos decidido pedir una reunión con carácter de urgencia a la Jueza de lo Mercantil de Cádiz, para mostrarle nuestro más rotundo rechazo a estos derivos en la factoría de Delphi.

miércoles, 9 de julio de 2014

MCA-UGT participa en la concentración en defensa del derecho a la huelga y libertad sindical en Sevilla.

  Miembros de la Ejecutiva regional secundan la protesta, que se desarrolla a la misma hora en todas las capitales andaluzas, para denunciar la campaña de acoso y la ofensiva penal contra sindicalistas.
La protesta, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, denuncia la indefensión de los sindicatos, víctimas de una ofensiva penal contra los derechos constitucionales de los trabajadores, debido a una forma de gobernar que encierra el recorte de libertades a la ciudadanía. En España, 265 sindicalistas (algunos indcluso con peticiones de hasta ocho años de cárcel- están inmersos en 81 procedimientos abiertos solo por el ejercicio de su derecho a la huelga.
Desde UGT se denuncia que se aplica una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho. Un derecho que se ha ejercido durante más de treinta cinco años de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores y trabajadoras y que se ha caracterizado en todo momento por ausencia de violencia. Se ha lamentado del ataque inadmisible que están siendo sometidos los trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho constitucional a la huelga.
Comunicación MCA-UGT Andalucía

jueves, 3 de julio de 2014

MCA UGT Andalucía, inicia la vía del TSJA al incumplir la Junta el pacto con Astilleros de Huelva



 El sindicato presenta en Empleo un tercer requerimiento por conflictos colectivos 

 SEVILLA- La sintonía entre el Gobierno andaluz y UGT-A ya no es perfecta. No sólo las investigaciones judiciales en torno a la contabilidad del sindicato la han tensado, también lo han hecho decisiones de la organización sindical ligadas a los tribunales como la demanda que éste ha interpuesto contra la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por incumplir el protocolo rubricado con los ex trabajadores de Delphi.

El camino a seguir entonces fue la presentación de un requerimiento previo a la iniciativa judicial ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para exigir una respuesta del Ejecutivo regional a los casi 500 ex operarios de la multinacional que aún buscan empleo, después de que ésta echara el cerrojazo a sus instalaciones de Puerto Real (Cádiz) hace más de seis años. La contestación de la Junta fue el silencio por lo que UGT interpuso la demanda por conflicto colectivo ante el Alto Tribunal andaluz, como adelantó LA RAZÓN, y éste la ha admitido a trámite.


Un proceso que se repitió en el caso de otro conflicto similar: el abierto con los trabajadores de Santana Motor, en Jaén, como consecuencia de la salida del proyecto de la empresa Suzuki en febrero de 2011. El pasado 14 de junio se hizo entrega también de un requerimiento en términos similares al de Delphi en la mencionada Consejería en relación a ese asunto. Y no es el único.
  


Representantes de la federación del metal del sindicato, MCA-UGT, la impulsora de todas esas acciones legales, registraron ayer un tercer requerimiento en dependencias de Economía, esta vez por el incumplimiento de los acuerdos del plan de reindustrialización que la organización sindical considera que llevó al cierre de los Astilleros de Huelva y al despido de 221 trabajadores. 


El sindicato reclama a la Administración autonómica la ejecución del contenido del pacto «sobre las consecuencias laborales del cese de la actividad firmado el 13 de octubre de 2010». Sobre todo, «del programa de recolocación de las personas afectadas» por la clausura de los astilleros onubenses. El sindicato sostiene que ese acuerdo recogía «la gestión de proyectos industriales, mediante ayudas e incentivos de la Junta, que dieran ocupación a los despedidos de la fábrica». Si bien, el sindicato denuncia que eso no ha sido así y que en la actualidad, «30 de los 54 trabajadores recolocables se encuentran aún a la espera de recibir una oferta por parte del Gobierno regional». Tampoco se está prejubilando a los afectados del Grupo B», apuntan otras fuentes, «pese a que, de acuerdo a lo firmado, se haría hasta 2018, siempre que tuvieran la edad necesaria». En definitiva, vuelven a pedir que «se busquen alternativas» para los «recolocables», como «se comprometieron a hacer», lanzan.

En ese escenario, el secretario ejecutivo de MCA-UGT, Antonio Montoro, explica a este periódico que el guión a seguir será el mismo que en las ocasiones anteriores: «La Junta tiene tres meses para pronunciarse, si no lo hace, presentaremos la demanda ante el TSJA por la inactividad de la Administración autonómica en su obligación de dar cumplimiento a los compromisos a los que llegó con estas personas, al igual que sucedió con Delphi y ocurrirá con Santana», expone. Lamenta  además que en las tres coyunturas diferentes se ha ya producido un «agravio comparativo» entre empleados que «sí han sido prejubilados o recolocados, al verse beneficiados por los acuerdos con la Junta, y los que no». 

Para Montoro, el Ejecutivo andaluz no les «ha dejado otra opción» que la de los tribunales. «No tenemos otro remedio que recurrir al TSJA ante la desesperación de la gente que se encuentra en una situación crítica», defiende. Y ello, pese a que «se trata de una vía lenta y a la que no hubiésemos querido recurrir», desengrasa.