La
federación del metal de UGT en Andalucía inicia una ronda de contactos con grupos
parlamentarios para impulsar una ley que dé una solución definitiva a los
recolocables de Astilleros Huelva, Santana y Delphi.
Una solución definitiva. Ese es el planteamiento con el que
Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, de UGT Andalucía
ha iniciado un calendario de reuniones con los partidos políticos para tratar
de impulsar, vía parlamentaria, una ley que garantice una salida definitiva a
extrabajadores afectados por los incumplimientos parciales de planes
industriales por parte de la Administración andaluza. Es el caso de extrabajadores
de Astilleros de Huelva, Delphi y Santana Motor pendientes de ser recolocados
en otros proyectos industriales impulsados por la Junta.
“La mayoría viven casi
en la indigencia” ha apuntado el Adjunto a Secretaría General, José M.
Rodríguez Saucedo tras la reunión mantenida con el grupo parlamentario de
IU-LV-CA. “Desde MCA-UGT estamos agotando
todas las vías para no dejar en la estacada a estos trabajadores que, por el
devenir económico de los últimos años, no han podido tener ese empleo comprometido
por la Junta de Andalucía y recogido en los distintos acuerdos, protocolos o
planes industriales que firmaron en su día con los sindicatos, como
compensación al cierre de sus empresas”.
Como explica Rodríguez Saucedo “la idea es conseguir una norma que compense con algún tipo de medida, ese
incumplimiento de la Junta con este colectivo y se corrija el agravio
comparativo entre trabajadores que tuvieron una salida digna o los que no.
Además se pondría punto y final a tres importantes conflictos de la comunidad
andaluza en los últimos quince años” añadió.
Recordemos que MCA-UGT Andalucía ha iniciado vía
contencioso-administrativa el cumplimiento de los tres planes industriales.
Hasta la fecha, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la demanda de Delphi por conflicto
colectivo, al entender que hay indicios de incumplimiento por inactividad de la
Administración competente (en este caso, la Junta de Andalucía). Para este
último conflicto, la federación del metal ha defendido, una vez más, la necesidad de que los terrenos
pasen a ser públicos –a través de la Junta o incorporado al proyecto de Las
Aletas- bajo el objetivo de
reindustrializar la zona y ofrecer una salida tanto a los trabajadores
afectados como al resto de desempleados de la Bahía.