La institución municipal asegura que "para tan drástica e irreversible decisión, la administración concursal solo plantea que el mantenimiento desde el año 2011 al año 2014 ha supuesto el coste de 2.324.380,08 euros, sin tener en cuenta ninguna solución alternativa, y lo que es peor, sin que se realice un análisis de cual puede ser la incidencia en la liquidación de tal postura".
El consistorio afirma a través de un comunicado que lo que pretenden los administradores concursales es "la destrucción de bienes del activo" que ha de servir para hacer frente a los créditos concursales por un valor de unos 8.150.450 euros, el 55% del valor del inmueble.
En esa línea el Ayuntamiento de Puerto Real considera que la petición de derribo es "claramente insuficiente" y no ahonda en si la medida supondrá una mejora de la situación de la liquidación o si "simplemente será trasladar el problema a un futuro cercano con el perjuicio de que el activo inmobiliario habrá visto mermado su valor en más de un 50% y la posibilidad de realización del mismo será remota por necesitar de una mayor inversión para su puesta en marcha".
El ente municipal entiende que "la medida supondrá pérdida de masa activa" con la que hacer frente a los créditos y ante las ofertas ya recibidas, "merma la posibilidad de conseguir la realización de los bienes", ya que hasta ahora todas las ofertas lo han sido respecto al suelo y edificaciones.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento también aseguran que de llevarse a efecto la solicitud de derribo "los interesados deberán hacer un mayor desembolso" para acometer cualquier actividad, hecho que además dilataría el inicio de cualquier actividad que hiciera interesante a un posible comprador dicho suelo industrial.
En esta misma línea se han expresado anteriormente sindicatos como la UGT quienes acusaban a los administradores concursales de primar "lo económico" por encima del interés "laboral y social" y reclamaban a las administraciones públicas una salida para los más de 450 exempleados que, siete años después del cierre de la factoría de automoción, aún quedan sin recolocar.
