El sindicato presenta en Empleo un
tercer requerimiento por conflictos colectivos
SEVILLA- La
sintonía entre el Gobierno andaluz y UGT-A ya no es perfecta. No sólo las
investigaciones judiciales en torno a la contabilidad del sindicato la han
tensado, también lo han hecho decisiones de la organización sindical ligadas a
los tribunales como la demanda que éste ha interpuesto contra la Junta ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por incumplir el protocolo
rubricado con los ex trabajadores de Delphi.
El camino a
seguir entonces fue la presentación de un requerimiento previo a la iniciativa
judicial ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para
exigir una respuesta del Ejecutivo regional a los casi 500 ex operarios de la
multinacional que aún buscan empleo, después de que ésta echara el cerrojazo a
sus instalaciones de Puerto Real (Cádiz) hace más de seis años. La contestación
de la Junta fue el silencio por lo que UGT interpuso la demanda por conflicto
colectivo ante el Alto Tribunal andaluz, como adelantó LA RAZÓN, y éste la ha
admitido a trámite.
Un proceso
que se repitió en el caso de otro conflicto similar: el abierto con los
trabajadores de Santana Motor, en Jaén, como consecuencia de la salida del
proyecto de la empresa Suzuki en febrero de 2011. El pasado 14 de junio se hizo
entrega también de un requerimiento en términos similares al de Delphi en la
mencionada Consejería en relación a ese asunto. Y no es el único.
Representantes
de la federación del metal del sindicato, MCA-UGT, la impulsora de todas esas
acciones legales, registraron ayer un tercer requerimiento en dependencias de
Economía, esta vez por el incumplimiento de los acuerdos del plan de
reindustrialización que la organización sindical considera que llevó al cierre
de los Astilleros de Huelva y al despido de 221 trabajadores.
El sindicato
reclama a la Administración autonómica la ejecución del contenido del pacto
«sobre las consecuencias laborales del cese de la actividad firmado el 13 de
octubre de 2010». Sobre todo, «del programa de recolocación de las personas
afectadas» por la clausura de los astilleros onubenses. El sindicato sostiene
que ese acuerdo recogía «la gestión de proyectos industriales, mediante ayudas
e incentivos de la Junta, que dieran ocupación a los despedidos de la fábrica».
Si bien, el sindicato denuncia que eso no ha sido así y que en la actualidad,
«30 de los 54 trabajadores recolocables se encuentran aún a la espera de
recibir una oferta por parte del Gobierno regional». Tampoco se está
prejubilando a los afectados del Grupo B», apuntan otras fuentes, «pese a que,
de acuerdo a lo firmado, se haría hasta 2018, siempre que tuvieran la edad
necesaria». En definitiva, vuelven a pedir que «se busquen alternativas» para
los «recolocables», como «se comprometieron a hacer», lanzan.
En ese
escenario, el secretario ejecutivo de MCA-UGT, Antonio Montoro, explica a este
periódico que el guión a seguir será el mismo que en las ocasiones anteriores:
«La Junta tiene tres meses para pronunciarse, si no lo hace, presentaremos la
demanda ante el TSJA por la inactividad de la Administración autonómica en su
obligación de dar cumplimiento a los compromisos a los que llegó con estas
personas, al igual que sucedió con Delphi y ocurrirá con Santana», expone.
Lamenta además que en las tres coyunturas diferentes se ha ya producido
un «agravio comparativo» entre empleados que «sí han sido prejubilados o recolocados,
al verse beneficiados por los acuerdos con la Junta, y los que no».
Para
Montoro, el Ejecutivo andaluz no les «ha dejado otra opción» que la de los
tribunales. «No tenemos otro remedio que recurrir al TSJA ante la desesperación
de la gente que se encuentra en una situación crítica», defiende. Y ello, pese
a que «se trata de una vía lenta y a la que no hubiésemos querido recurrir»,
desengrasa.
