El Secretario General MCA-UGT Andalucía, Manuel Jiménez, se ha mostrado indignado con el inicio de la paralización cautelar de las prestaciones por desempleo a algunos extrabajadores de Delphi, en función del auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 de Cádiz y que el Sepe ha comenzado a comunicarles oficialmente, si haberse resuelto aún el recurso presentado contra el mismo.
Jiménez ha lamentado la falta de sensibilidad hacia los afectados “a los que quieren hundir más en su miseria si le quitan la única ayuda que le quedan”. Ante esta situación ha manifestado “estar cansado” de que se utilice el conflicto de Delphi como “arma arrojadiza entre partidos políticos, nueve años después del cierre de la factoría”.
No entiende que “partidos políticos que participaron en su día en las negociaciones del conflicto y la Junta de Andalucía, que ha sido parte activa en la misma, estén permitiendo que se ponga en tela de juicio la legalidad, la transparencia y la publicidad de los acuerdos adoptados en las distintas comisiones de seguimiento. En su día nadie planteó ninguna objeción. Todo era legal y era notorio y público”, argumenta el líder sindical.
“Además”, recuerda “se está cometiendo un agravio comparativos entre los compañeros porque no es muy de justicia que solo el Juzgado nº 3 apruebe la petición de paralizar las ayudas, mientras que el nº1 y nº2 que también llevan la instrucción de la investigación, la desestimen ”. Un auto que fue recurrido en su día por los sindicatos y que no ha tenido aún contestación alguna.
El sindicato ha anucnciado movilizaciones para la próxima semana.
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UGT-Delphi carga contra el Juzgado que no desestimó la paralización de las prestaciones
"Esto es matar en vida a familias ya hundidas; no ha ocurrido nunca en España", dice Antonio Montoro
El portavoz de UGT en el colectivo de Delphi y responsable andaluz del Metal en ese sindicato, Antonio Montoro, cargó ayer contra la decisión del Juzgado número 3 de lo Social de Cádiz, el único de los tres que analizaban la causa abierta contra 420 ex trabajadores de la multinacional. Como se recordará, los dos primeros juzgados desestimaron la petición del Servicio Público de Empleo (SEPE) de paralizar las ayudas por prestación de desempleo a raíz de la participación de estos ex operarios en los cursos de formación de la Fundación Universidad Empresa (Fueca), asunto que se investiga desde Sevilla. Solo uno, el número 3, decidió seguir adelante con el proceso y un grupo de afectados ya ha recibido la comunicación del Ministerio de Empleo en la que se les informa de que ya no recibirán la ayuda de 426 euros.
Y es ahí donde radica el problema. Para Montoro, "no es de justicia que dos juzgados lo desestimen y solo uno diga lo contrario, porque eso es matar en vida a unas familias que ya están hundidas y es su único sustento. Esto no ha pasado nunca en España". Según sus cálculos, de los aproximadamente 150 casos que están afectados por la decisión del Juzgado número 3, la medida afectará a unas 70 personas. En ese sentido, se preguntó "cómo van a vivir esas familias hasta 2018, cuando se celebran los juicios".
Así, esperan mantener una reunión que fue solicitada hace días con el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, "para que ponga cordura en esta situación que nadie entiende y que creemos injusta".
Ayer también se pronunció al respecto el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, quien lamentó esta situación "porque entiendo que para ellos es un enorme problema personal, pero quien debe dar explicaciones es el Gobierno y preguntarle por qué estamos en esta situación", ya que "fue el que inició esa inspección y terminó en esta situación", dijo López Gil. Mostró su respeto por las sentencias judiciales, "aunque en este caso no las comparta".
Sus palabras tuvieron respuesta por la tarde. El secretario general del PP de Cádiz y parlamentario autonómico, Antonio Saldaña, afirmó que "si el PSOE y la Junta hubieran cumplido con los protocolos que firmaron hace ocho años y su compromiso de recolocación, los trabajadores de Delphi no estarían en esta situación". En un comunicado, Saldaña reprochó a López Gil que "eluda la responsabilidad del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía en las irregularidades que han derivado en esta situación".
