La
alcaldesa de Puerto Real ha mantenido una reunión con representantes de
los extrabajadores de Delphi para tratar los últimos temas acontecidos
en relación a los suelos de de la factoría cerrada en 2007. La primera
edil andalucista ha manifestado su preocupación por el último
requerimiento de la Junta en relación a la contaminación de los suelos.
Le acusa de “estar tratando de ralentizar el proceso de implantación de
una empresa interesada”.
La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, ha mantenido una
reunión con representantes de los extrabajadores de Delphi para tratar
los últimos temas acontecidos en relación a los suelos de de la factoría
cerrada en 2007. La primera edil andalucista ha manifestado su
preocupación por el último requerimiento de la Junta de Andalucía en
relación a la contaminación de los suelos.
En septiembre de 2014, la administración concursal envió a la Junta
un informe, que data de 2007, donde se reconocen zonas contaminadas en
el subsuelo. Para el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Martínez, lo
lamentable de esta situación es que “lo metiera en un cajón y no
tramitara absolutamente nada” esperando que en enero de 2015 se
publicara el decreto por el que se aprueba el Reglamento que Regula el
Régimen de los Suelos Contaminados, un decreto por el que traspasa las
competencias en esta materia a las administraciones locales.
“Esta inactividad de la Junta de Andalucía en sus competencias ha
provocado un retraso intencionado de unos trámites esenciales para las
nuevas implantaciones que, en esto momentos, se están gestionando desde
el Ayuntamiento de Puerto Real”, asegura Martínez. “Lo que pretende la
Junta con esta piedra en el camino, atrasando el tema –añade- es poner
la responsabilidad en manos de este Ayuntamiento, sabedores de que esta
administración no tiene redactadas, por que no era su competencia,
ordenanzas municipales sobre la contaminación de subsuelo”.
Peinado, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, afirma que “lo
peor de esta situación es que el propio decreto, en su Disposición
Transitoria Primera, establece que en ausencia de ordenanzas municipales
se aplicarían las normas que debieran aprobar mediante publicación de
orden de la consejería competente”.
Toda esta maniobra, insiste, demuestra por tanto que la Junta “podría
haber actuado y redactado el requerimiento de descontaminación de
suelos a la administración concursal y ha esperado seis meses a que la
competencia pase a los municipios, con lo que el trasfondo de esta
torticera actitud no es otra que la de poner obstáculos para la
implantación de nuevas actividades en estos suelos”.
Ante esta situación, la todavía alcaldesa se pregunta “si tienen
algún tipo de interés político en que no salga adelante una segregación
de suelo de parte de estos terrenos”, ya que “parece que para la
administración regional es más prioritario el poner la patata caliente a
otras administraciones para la estrategia de la venta, que poder ir
implantando poco a poco empresas que puedan estar interesadas”.
De este modo, se avanza que el Consistorio puertorrealeño requerirá a
la Junta “una explicación” de los motivos de su inacción desde
septiembre de 2014, y asegura que hasta tanto no publiquen las normas a
que hace referencia la Disposición Transitoria Primera, el Ayuntamiento
no podrá actuar contra la administración concursal “mientras tanto no
tenga redactada y aprobadas las ordenanzas que en estos momentos están
en fase de elaboración”.
Juan Carlos Martínez se pregunta cuál es el motivo por el que este
informe se ha tenido escondido siete años y sale ahora a la luz pública,
así como tampoco entiende por qué surgen estas prisas ahora “después de
haber tenido guardado uno siete años y otro seis meses”.
A decir de la alcaldesa, “si la pretensión es paralizar o retrasar el
desarrollo de estos suelos no lo van a conseguir”, porque el Estudio de
Detalle que se ha presentado para la implantación de una empresa “no se
va a paralizar”. Y adelanta que el proceso ya tiene informe jurídico
favorable y en pocos días estará el técnico redactado por el arquitecto
municipal, que dará pie a su aprobación inicial.
