El
sindicato acusa al Gobierno andaluz de “silencio administrativo” y de
“agravio comparativo” con los ex compañeros que sí se recolocaron.
Después de siete años de conflicto
abierto, de encontronazos políticos y de no saber aún qué ocurrirá con
la antigua fábrica, el conflicto de Delphi ha acabado en los juzgados.
Muchos meses después de que los cuatro sindicatos que dirigen el asunto
(CCOO, UGT, CGT y USO) hablaran por primera vez de demandar a la Junta
de Andalucía, ayer fue tan solo UGT-Andalucía la que se decidió a llevar
a los tribunales los “incumplimientos” del protocolo firmado por la
Junta de Andalucía en 2007 cuando se cerró la planta de Puerto Real.
El secretario ejecutivo de MCA-UGT
Andalucía y antiguo trabajador de Delphi, Antonio Montoro, explicó ayer
que la demanda de carácter colectivo se presentó ayer ante la sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en
Sevilla.
Esta demanda por conflicto colectivo se
ha presentado ante el “silencio administrativo” que se ha producido
cuando se han cumplido tres meses sin respuesta al requerimiento previo
que se hizo en el mismo sentido a la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
Antonio Montoro explicó que esta demanda
no será la única vía judicial que se presente por estos hechos contra la
Junta de Andalucía, pues otros sindicatos prevén presentar otra en el
mismo sentido y, además, otras serán formalizadas de forma individual
por algunos trabajadores.
Es una nueva vía de lucha que el
colectivo de “unos 460 o 470″ exoperarios de Delphi que siguen en el
paro han emprendido “fruto de su desesperación” y para exigir la
búsqueda de una “salida digna” para estos desempleados y poder así
“finalizar esta pesadilla”, dijo.
La demanda, añadió el representante de
UGT, recuerda el incumplimiento del compromiso de la Junta de Andalucía
de buscar una salida laboral para los trabajadores de la factoría de
automoción que perdieron su trabajo con el cierre de la planta y
considera que los más de 400 que siguen en el desempleo sufren “un
agravio comparativo” con respecto a los que sí han encontrado empleo.
UGT considera que si los tribunales admiten esta demanda y les dan la
razón sería un “espaldarazo definitivo” a sus reclamaciones.
Según Montoro, “esto es un paso más que
ha dado el sindicato por la desesperación del colectivo y no podemos
demorarlo más porque no tienen ningún sustento. El objetivo de UGT no es
la movilización ni la demanda, sino llegar al consenso y dar ya una
salida digna al colectivo”. El sindicato presentó ayer la demanda de
manera individual y basada en el artículo 29 de la Ley Orgánica por
inactividad de la Administración, “que dice que si la Administración
tiene contraído algún contrato con algún colectivo, debe cumplirlo; y la
inactividad es evidente”, explicó. Además “existe un enorme agravio
comparativo entre los 1.904 afectados ya que hay algunos que tienen unos
salarios dignos y otros no”.
Antonio Montoro explicó que “si hacemos
cálculos se habrán recolocado 350 trabajadores que son los de Alestis,
porque los 100 de Gadir Solar han vuelto al paro. El resto han sido
prejubilaciones y los que se iniciaron en iniciativas privadas a través
del Plan Personalizado de Inserción (PPI). Por tanto, si analizamos el
trayecto es un fracaso total de la Junta porque en siete años ha sido
capaz de recolocar sólo a 350 personas”, finalizó.
