La Junta y el Gobierno de la nación podrían estar barajando una oferta para su rescate y complementar el polígono de Las Aletas
El anuncio de demolición de la antigua factoría de Delphi, en Puerto
Real, ha dado un vuelco al conflicto laboral que se mantiene desde hace siete
años con los antiguos empleados de esta fábrica. Cobra ahora más fuerza si cabe
la posibilidad de que las administraciones públicas, Junta de Andalucía y
Gobierno central, salgan al rescate de este suelo industrial que se encuentra
hipotecado por un proceso concursal.
Precisamente han sido los administradores
concursales quienes han planteado el derribo de las naves de Delphi para
ahorrar costes de mantenimiento y obtener con ello unos ingresos extra que
ayuden a rebajar parte de la deuda contraída con los proveedores. El cierre de
la planta se consumó en febrero de 2007 y en junio de ese mismo año se firmó un
protocolo mediante el cual la Junta adquiría una serie de compromisos con los
extrabajadores y la multinacional y, a su vez, garantizaba el pago de 10
millones de euros en deudas a proveedores. Sin embargo, los años pasaron y
Delphi se fue de rositas lo que obligó a declarar un concurso de acreedores
para solventar el entuerto. El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz tomó como aval
los terrenos de la factoría. La deuda ha subido a 12 millones de euros debido a
los costes de mantenimiento. El suelo paga IBI y además hay una empresa de
seguridad que se encarga de su custodia para evitar robos y deterioros. Las
facturas corren por cuenta de la administración concursal.
La entrada en concurso de acreedores significó un varapalo para los
extrabajadores de Delphi. Los terrenos eran la única esperanza que tenían para
que un inversor llegará a la Bahía y los reactivara. De esta forma se lograría
uno de los requisitos que recoge el protocolo de 2007: la recolocación de la
mano de obra de Delphi. Sin embargo, el concurso de acreedores ha hipotecado
cualquier expectativa de inversión sobre los terrenos. De hecho, Ahora se
cumple un año de la iniciativa de la compañía china BWI, especializada en la
fabricación de componentes para el automóvil, que fijó su punto de mira en las
naves de Delphi para montar una fábrica de rodamientos. Sin embargo, el coste
salarial, por un lado, y las dificultades para hacerse con los terrenos, de
otro, abortaron esta operación.
El colectivo de Delphi ha reclamado en más de una ocasión que la
salida al conflicto, más de 600 extrabajadores aún siguen esperando la promesa
de recolocación, pasa por la titularidad pública del suelo. Es decir, la compra
de los terrenos por parte de la Junta o del Gobierno de la nación. Esta
propuesta ha sido impensable en los últimos cinco años. La crisis y la
situación de asfixia de las arcas públicas han descartado cualquier operación
pública a favor del suelo de Delphi.
Sin embargo, el escenario ahora es muy diferente. Las distintas
fuerzas políticas, y así lo han manifestado, son partidarias de que las
administraciones públicas muevan ficha en este sentido. Para ello, la Junta de
Andalucía, a través de la Agencia IDEA, y el Gobierno de la nación, mediante el
consorcio de Las Aletas, deben presentar una oferta de compra. El importe de la
deuda a proveedores es muy alto, por ello no sería descartable una quita por parte
de los administradores concursales con el fin de favorecer la operación y matar
así dos pájaros de un tiro: por un lado, se libera el terreno y, de otro, los
proveedores cobrarían parte de lo adeudado. El resultado de la operación
permitiría la entrada de inversores privados en suelo público y abriría la
esperanza al colectivo de Delphi para optar a la reinserción laboral.
Tanto el portavoz de USO en el colectivo, Miguel Paramio, como el
responsable de UGT, Antonio Montoro, han coincido en advertir un cambio de
actitud entre las distintas fuerzas políticas en relación al conflicto de
Delphi. Los extrabajadores han mantenido en los últimos días una intensa agenda
de contactos con los principales líderes políticos de la provincia. Así, han
celebrado encuentros con el presidente provincial del PP, Antonio Sanz; con la
secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García; con el delegado del
Gobierno de la Junta en la provincia, Fernando López Gil, y con la alcaldesa de
Puerto Real, Maribel Peinado (PA). Todos han mostrado su rechazo a la propuesta
de derribo de la factoría.
