La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una diligencia de
ordenación en la que solicita a la Junta de Andalucía que presente el
expediente administrativo relativo al caso de los Astilleros de Huelva,
de manera que, si en el plazo de diez días no lo efectúa se podrá
sancionar a la autoridad o al funcionario responsable con una multa de
300 a 1.200 euros.
Según reza la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días, tras haber transcurrido un tiempo "en exceso" sin haber recibido el expediente se reitera en la petición para que se facilite el mismo por parte de la administración regional
El sindicato UGT acudió al TSJA ante "el incumplimiento" por parte de la Junta de Andalucía del protocolo suscrito con los agentes sociales en 2010 para los recolocables de Astilleros tras el cierre de la planta naval onubense. Por tanto, optaron por la vía judicial para reclamar la ejecución del acuerdo sobre el cese del astillero onubense y medidas de inserción para los extrabajadores afectados.
La federación del Metal de UGT en Andalucía registró primero en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el requerimiento previo a la demanda. Posteriormente, el sindicato interpuso demanda en el TSJA contra la Junta por el "incumplimiento" de los acuerdos del Plan de Reindustrialización que se fijó tras la clausura del astillero onubense.
El portavoz del colectivo de recolocables de Astilleros de Huelva, Braulio Cabalga, se pronunció ayer sobre la resolución judicial del TSJA y señaló que ésta supone "un paso más" en el transcurso de la demanda presentada por el sindicato UGT contra la Junta ante el "incumplimiento" por parte de la administración del protocolo suscrito con los agentes sociales en 2010 para los recolocables de Astilleros tras el cierre de la planta naval onubense.
Cabalga recordó que de los 54 recolocables quedan 24 pendientes de una recolocación que no llega y por tanto, expresó su confianza en que los grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz trabajen en pro de una respuesta para este colectivo.
El portavoz indicó que además de la vía judicial, espera que la vía parlamentaria sea efectiva e hizo alusión a la reunión que el pasado mes de julio en el Parlamento en la que representantes sindicales de Delphi, Astilleros de Huelva y Santana Motor se reunieron con los cinco grupos del Parlamento andaluz para abordar sus conflictos laborales.
El colectivo de recolocables de Astilleros, tras un parón en el mes de agosto, ha retomado las concentraciones semanales (los martes ante la Delegación de la Junta y los jueves en el Ayuntamiento) para dar visibilidad a su situación y se les dé una solución, así como mantener la cohesión entre los afectados.
Según reza la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días, tras haber transcurrido un tiempo "en exceso" sin haber recibido el expediente se reitera en la petición para que se facilite el mismo por parte de la administración regional
El sindicato UGT acudió al TSJA ante "el incumplimiento" por parte de la Junta de Andalucía del protocolo suscrito con los agentes sociales en 2010 para los recolocables de Astilleros tras el cierre de la planta naval onubense. Por tanto, optaron por la vía judicial para reclamar la ejecución del acuerdo sobre el cese del astillero onubense y medidas de inserción para los extrabajadores afectados.
La federación del Metal de UGT en Andalucía registró primero en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el requerimiento previo a la demanda. Posteriormente, el sindicato interpuso demanda en el TSJA contra la Junta por el "incumplimiento" de los acuerdos del Plan de Reindustrialización que se fijó tras la clausura del astillero onubense.
El portavoz del colectivo de recolocables de Astilleros de Huelva, Braulio Cabalga, se pronunció ayer sobre la resolución judicial del TSJA y señaló que ésta supone "un paso más" en el transcurso de la demanda presentada por el sindicato UGT contra la Junta ante el "incumplimiento" por parte de la administración del protocolo suscrito con los agentes sociales en 2010 para los recolocables de Astilleros tras el cierre de la planta naval onubense.
Cabalga recordó que de los 54 recolocables quedan 24 pendientes de una recolocación que no llega y por tanto, expresó su confianza en que los grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz trabajen en pro de una respuesta para este colectivo.
El portavoz indicó que además de la vía judicial, espera que la vía parlamentaria sea efectiva e hizo alusión a la reunión que el pasado mes de julio en el Parlamento en la que representantes sindicales de Delphi, Astilleros de Huelva y Santana Motor se reunieron con los cinco grupos del Parlamento andaluz para abordar sus conflictos laborales.
El colectivo de recolocables de Astilleros, tras un parón en el mes de agosto, ha retomado las concentraciones semanales (los martes ante la Delegación de la Junta y los jueves en el Ayuntamiento) para dar visibilidad a su situación y se les dé una solución, así como mantener la cohesión entre los afectados.
MCA
UGT denunció a la Administración por incumplir
los compromisos de recolocación
