El motor económico de Cádiz se apaga. Desde hace
unos años, estamos siendo testigos de un desmantelamiento industrial atroz en
una provincia que, aunque estratégicamente cuenta con todas las ventajas para
ser el referente económico en Andalucía, resulta que políticamente no lo es
tanto. Ninguno de los gobiernos parece estar por la labor de creer en ella más
allá de los compromisos y grandes proyectos industriales que anunciaron a bombo
y platillo y que, a día de hoy, queda en papel mojado.
El primer golpe llegó con el cierre de la
multinacional automovilística Delphi. Miles de trabajadores afectados, sin más
opción que verse en la calle bajo promesas electorales y una confianza ciega en
el papel tutelador de la Junta de Andalucía. Para la gran mayoría, la salida
fue una formación becada para su recolocación en los nuevos de proyectos industriales
que se ubicarían en la zona. Para una inmensa minoría, la prejubilación. Cinco
años más tarde ni unos ni otros tienen su futuro claro.
Los recolocables asisten atónitos a continuos
desprecios de la Junta de Andalucía que busca desprenderse de sus compromisos adquiridos
el 4 de julio de 200 utilizando la
puerta de atrás, bajo la excusa tan manida de la crisis. Por otro lado, los prejubilados
se sienten amenazados por el nuevo decreto-ley del Gobierno andaluz sobre las
ayudas sociolaborales de los extrabajadores afectados por el cierre de
empresas.
El
decreto –pese a estar propiciado
por los cinco sindicalistas de Santana que estuvimos 28 días encerrados en
Empleo- no cuenta ni con nuestra
participación ni con nuestro visto bueno. Mi indignación roza la furia
porque no sólo es un incumplimiento más sino que, ante todo, es un atropello a
los derechos laborales y compromisos pasados. No es de recibo que un
desaguisado de tal calado haya sido validado por el Parlamento andaluz el
pasado jueves, porque resuelve la situación de unos a costa de otros.
Desde
MCA-UGT Andalucía queremos impedir tal injusticia que vulnera derechos
fundamentales debido a su retroactividad y llevarla a los tribunales. Una tarea a la que invitamos a todos aquellos afectados
que sean llamados a novar sus pólizas, para que acompañen junto a su firma la
condición de poder ejercer su derecho a emprender acciones legales en caso de
disconformidad.
No podemos dejar morir a la Bahía. El problema no es
solo de los extrabajadores de Delphi, sino de otros miles afectados de Visteon,
Alestis o Navantia. Desde MCA-UGT
Andalucía no vamos a dejarlos a su suerte. Por encima está nuestro compromiso
moral y una responsabilidad social con ellos. No vamos a permitir que
políticos utilicen las desgracias ajenas como armas arrojadizas a sus intereses.
Es cuestión de dignidad, la que parece faltarles a todos aquellos que dicen
representarnos en los órganos democráticos.
Es momento de exigir. Queremos que la Junta de
Andalucía (Psoe e IU) se quede con los terrenos, que los reindustrialicen y que
active mecanismos de aceleración y entrada de carburante (me refiero a inversiones)
junto con el Gobierno central para devolver esplendor de lo que un día fue
Cádiz, la ciudad más importante del mundo bajo el espíritu de La Pepa. Una
ciudad que precisamente estos días ha recuperado su valor neurálgico con la presencia de los líderes de
habla hispana en el XXII Cumbre Iberoamericana para entre todos, buscar salidas
conjuntas a la crisis. Pues deberían tomar y empezar por Cádiz. Porque salvar la Bahía, es urgente.
Manuel Jiménez Gallardo.
Secretario General Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT
Andalucía
